Nos hacemos cargo del back office completo: contabilidad y tributos, planilla del personal, presupuesto, rendición de cuentas, recibos de mantenimiento y proveedores. Con asesoría legal incluida y un abogado inmobiliario a cargo.
Dirigido por Robert Saldívar, abogado inmobiliario — CALN N° 1560 · Agente inmobiliario MVCS PN-4065
La junta recauda dinero, contrata personal, paga proveedores y responde por ese dinero ante los propietarios. Eso exige contabilidad, planilla y sustento. La mayoría de edificios en Lima lo resuelve con un cuaderno y la buena voluntad del presidente.
Recibos hechos a mano, gastos sin comprobante y un saldo que nadie puede explicar en asamblea. Cuando llega el reclamo, no hay con qué responder.
Conserjes y personal de limpieza pagados "por recibo" o en efectivo. Ante SUNAFIL o una demanda laboral, la contingencia recae sobre la junta y su directiva.
Convoca asambleas, cobra cuotas, atiende proveedores, resuelve conflictos y encima responde legalmente si algo sale mal. Sin ser contador ni abogado.
No tiene por qué ser así. La Junta de Propietarios debe delegar la operación en un back office profesional —contable, laboral y legal— y mantener el control a través de la asamblea.
Cuatro frentes que normalmente la junta tendría que contratar por separado —contador, planillero, administrador y abogado— operando como un solo equipo bajo un solo contrato.
Todo lo que hoy hace el presidente con su tiempo libre, ejecutado por un equipo y documentado mes a mes.
Recibo mensual por unidad, detallado por concepto y distribuido a cada propietario. Con el sustento que se exige para el cobro judicial de un moroso.
Informe mensual en PDF con ingresos, egresos, saldo y comprobante de cada gasto. Rendición formal ante la asamblea, lista para ser aprobada.
Cotizaciones comparadas, contratación, supervisión y pago de limpieza, vigilancia, ascensores, cisterna, luz y agua. El proveedor nos escribe a nosotros, no a tu celular.
Presupuesto anual sustentado y cálculo de la cuota por unidad según porcentaje de participación. Se sabe cuánto se necesita y por qué, antes de aprobarlo.
Preparamos la convocatoria, verificamos el quórum, redactamos el acta y damos seguimiento a los acuerdos. Con la consulta legal incluida para que la asamblea se realice como corresponde.
Reporte de deuda al día por unidad, recordatorios de pago y estados de cuenta formales. El presidente no tiene que enfrentar al vecino en el ascensor.
Programación y ejecución de pagos: planilla, ESSALUD, AFP u ONP, impuestos y servicios. Nada vence por olvido ni genera multa.
Registro de incidencias, seguimiento de reparaciones y calendario de mantenimientos preventivos: ascensores, cisterna, bombas y extintores.
Canal único para consultas, reclamos, estados de cuenta y coordinación de mudanzas o trabajos en unidades.
La transparencia no es una promesa: es un paquete de documentos con fecha de entrega. Si un propietario pregunta en qué se gastó su cuota, la respuesta está por escrito.
Además, sostenemos una reunión mensual —presencial o virtual— con la directiva para revisar avances, morosidad y decisiones pendientes.
Cuotas cobradas, gastos ejecutados, movimientos y saldo, en PDF.
Uno por unidad, con el detalle de conceptos y el saldo anterior.
Entradas y salidas proyectadas para anticipar cualquier brecha de liquidez.
Pagos efectuados, saldos pendientes y antigüedad de la deuda.
Cargos de SUNAT, planilla, boletas del personal y aportes del período.
Comprobantes, contratos y actas archivados y disponibles para la junta.
Preferimos decirlo desde el inicio. El honorario mensual cubre la administración y la asesoría legal ordinaria. Los encargos que exigen un proceso propio se cotizan por separado, con tarifa preferente para los edificios que administramos.
Inscripción de la junta y de la directiva, renovación de mandatos y regularización de partidas.
Carta notarial y proceso judicial contra el propietario moroso que no responde a la gestión ordinaria.
Redacción o actualización del reglamento interno del edificio y su adecuación a la realidad actual.
Controversias entre propietarios, uso indebido de áreas comunes, procesos laborales o administrativos.
Cierre contable del ejercicio y balance anual, avisado con anticipación para incluirlo en el presupuesto.
Declaraciones y planillas de períodos anteriores al contrato, cuyo volumen depende del atraso acumulado.
No somos solo una empresa de servicios. Somos un estudio legal especializado en propiedad horizontal, con equipo contable propio, que administra edificios.
Robert Saldívar, CALN N° 1560, supervisa cada edificio directamente. Las decisiones con efecto legal las toma un abogado, no un asistente administrativo.
Las declaraciones a SUNAT y la planilla las lleva un contador público colegiado. No es una hoja de cálculo improvisada: es contabilidad formal.
La junta no coordina por separado con contador, planillero, administrador y abogado. Un contrato, un informe, un responsable.
Tarifa mensual fija. Cada gasto del edificio se aprueba con cotización previa y consta en comprobante.
Libros de actas, estados de cuenta, comprobantes, contratos, planilla y SUNARP al día desde el primer mes.
La información económica del edificio y de cada propietario se maneja bajo reserva profesional.
Sin compromisos hasta que la junta evalúe y apruebe en asamblea.
Revisamos SUNARP, la situación tributaria de la junta, cómo está contratado el personal, la morosidad y el estado de las cuentas. Sin costo y sin compromiso.
Presentamos el alcance del servicio y la tarifa mensual fija, según el número de unidades, el personal en planilla y el estado inicial del edificio.
La contratación la aprueba la Junta en asamblea. Acompañamos esa asamblea si la Junta lo requiere.
Ordenamos lo pendiente: RUC y clave SOL, regularización de declaraciones, formalización del personal, saldo de apertura y archivo de comprobantes.
Emisión de recibos, cobranza, pagos, declaraciones e informe de gestión. Reunión mensual con la directiva para revisar avances.
Sí. El presidente conserva la representación legal inscrita en SUNARP. El administrador ejecuta la gestión cotidiana. La asamblea mantiene el control de las decisiones importantes.
Los evaluamos desde el diagnóstico inicial. La gestión ordinaria de cobranza —estado de cuenta formal, recordatorios y seguimiento por unidad— está incluida en el honorario mensual. Si el propietario no responde, la carta notarial y el proceso judicial se cotizan aparte, con tarifa preferente por ser un edificio administrado por nosotros.
Depende de cómo opere el edificio. Si la junta contrata personal, paga proveedores formales o recibe ingresos por alquiler de áreas comunes o publicidad, necesita RUC y tiene obligaciones ante SUNAT. En el diagnóstico determinamos qué corresponde a tu edificio y, si falta, tramitamos el RUC y la clave SOL.
Sí, y es el riesgo más frecuente y más caro. Si hay subordinación y horario, existe vínculo laboral aunque se pague "por recibo". Ante una fiscalización de SUNAFIL o una demanda, la junta responde por remuneraciones, aportes y beneficios no pagados. Formalizamos al personal en T-Registro y planilla, con boletas, CTS, gratificaciones y vacaciones calculadas correctamente.
Sí. Es parte de la puesta al día: regularizamos las declaraciones pendientes, evaluamos multas y rebajas por régimen de gradualidad, y atendemos esquelas o cobranza coactiva durante la vigencia del servicio. La regularización de períodos anteriores al contrato se cotiza aparte, porque su volumen depende del atraso.
El dinero permanece en la cuenta bancaria a nombre de la Junta de Propietarios. Nosotros administramos, programamos y sustentamos cada pago; la firma y el control de la cuenta los conserva la directiva según lo que acuerde la asamblea. Cada movimiento se concilia contra su comprobante en el informe mensual.
No. El honorario mensual cubre la operación del mes: declaraciones, planilla, recibos, pagos e informe de gestión. El cierre y balance anual se cotiza por separado y se avisa con anticipación, para que la junta lo incluya en su presupuesto sin sorpresas.
Dos cosas concretas: la revisión de los contratos de servicios que firma el edificio y las consultas legales breves sobre asambleas y acuerdos —quórum, mayorías, validez de una convocatoria—. Es la asesoría del día a día, la que evita el problema. Los encargos que exigen un proceso propio, como una inscripción en SUNARP, una cobranza judicial o un reglamento interno, se cotizan aparte con tarifa preferente.
Los trámites registrales —inscripción de la junta, renovación de mandatos, regularización de partidas— se cotizan por separado del honorario mensual, porque su costo depende del trámite. Nosotros los ejecutamos: la junta no necesita buscar otro abogado ni un tramitador.
La tarifa es mensual y fija. Depende del número de unidades, de cuántos trabajadores tenga el edificio en planilla y del estado inicial de la documentación contable y registral. La conoces antes de la asamblea de aprobación, sin sorpresas.
Sí. El contrato incluye causales de resolución anticipada por ambas partes.
El diagnóstico es gratuito. En una reunión revisamos el estado legal, contable y laboral del edificio y te decimos exactamente qué necesita ordenarse.